INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FACULTAD PRESUNTIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL.

 

 

 

Lic. Gustavo Sánchez Soto[1]

 

 

 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

 

 

 

                   La facultad impositiva y recaudatoria de la autoridad fiscal no es absoluta. Esta aseveración es el punto de partida para revisar la legal y constitucional actuación de la autoridad hacendaria cuando ejerce las diversas facultades presuntivas que le son propias en nuestro orden jurídico tributario.

 

 

 

                   Adicionalmente, es necesario subrayar en forma paralela que no se deja de considerar lo regulado por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, dispositivo normativo que establece que los actos que realizan las autoridades tributarias se presumen legales salvo que el gobernado efectúe una negativa lisa y llana al respecto, situación en que la carga de la prueba se traslada al propio ente autoritario siempre y cuando la negativa lisa y llana que realiza el particular no entrañe una afirmación. En este contexto, resulta claro que el límite de la presunción de legalidad de los actos realizados por autoridades fiscales se encuentra precisamente en la aquiescencia o aceptación del contribuyente, que siempre estará en aptitud de controvertirla y ante su omisión al respecto se entenderá que consiente respecto de la legalidad del proceder de la autoridad de que se trate. Así se reconoce en términos de lo regulado por el siguiente precedente aislado pero no por ello menos relevante:

 

 

 

Registro digital: 220731

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Octava Época

Materias(s): Administrativa

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 135

Tipo: Aislada

 

AUTORIDADES FISCALES. DESTRUCCION DE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD EN SUS ACTOS, CUANDO EXISTE NEGATIVA LISA Y LLANA. La presunción de legalidad en los actos y resoluciones fiscales, prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, sólo subsiste si ante la negativa lisa y llana del afectado, la autoridad demuestra fehacientemente los hechos, causas particulares, motivos y circunstancias especiales del caso, tomados en cuenta para evidenciar la legalidad de la notificación del adeudo, salvo que dicha negativa, conlleve a la afirmación de otro hecho.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

 

Revisión fiscal 17/91. Ecológica, S.A. de C.V. 8 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretario: Jaime Arturo Cuayahuitl Orozco.

 

 

 

                   En este orden de ideas, abordando el tema que intitula esta colaboración, he de decir que el límite de la facultad impositiva de las autoridades fiscales lo configura en primera instancia, desde luego, nuestra Carta Magna. En efecto, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el orden jurídico que limita el ejercicio de cualquier acción autoritaria sin que la aplicación de las facultades presuntivas de que goza la propia autoridad fiscal sea la excepción. El principio de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, regulados en el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República así como las garantías de audiencia y debida fundamentación y motivación, reguladas en el artículo 14 y 16 del mismo ordenamiento supremo, deben de ser observados de forma inexcusable al momento en que la autoridad procede, sin embargo, lo afirmo desde este momento, al ejercer las potestades presuncionales que la ley le otorgan, en la inmensa mayoría de los casos, las autoridades fiscales actúan en contravención a lo regulado por nuestra Carta Magna y por ende su actuación resulta inconstitucional.

 

 

 

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 

 

 

                   Entratándose del principio de legalidad, como es de explorado derecho, en materia impositiva se manifiesta en la necesidad de que los elementos esenciales de una contribución estén regulados en ley, lo que da lugar a que en el tema de ejercicio de facultades presuntivas, tal máxima deba de observarse pero en la práctica no se observe. En efecto, dada la naturaleza de la presunción, figura jurídica que se funda en un supuesto conocido del cual se infiere uno desconocido, a todas luces se advierte que se está prospectando o previendo una consecuencia que no necesariamente se actualizará, aspecto que incumple con la observancia del mandato consistente en que los elementos esenciales de un tributo deben de estar consignados en ley formal y materialmente válida, es decir, en el caso de ejercicio de facultades presuntivas se atiende a un elemento supuesto que no necesariamente existe y por ende resulta subjetivo, adicionándose el cálculo de una consecuencia que no necesariamente se presentará en el ámbito real. En este contexto y solo como una referencia considero que resulta aplicable el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:

 

 

 

Registro digital: 232154

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Primera Parte, página 175

Tipo: Jurisprudencia

 

UTILIDADES BRUTAS EXTRAORDINARIAS, ARTICULOS DEL 47-A AL 47-G DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 31 DE DICIEMBRE DE 1976) QUE ESTABLECEN LA TASA SOBRE. INFRINGEN LA GARANTIA DE LEGALIDAD. Los artículos 47-A al 47-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta (decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1976), que establecen la tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias, introducen un sistema impositivo de estimación, no efectivo, para determinar la base gravable y la tasa aplicable a través de una presunción, que no admite prueba en contrario, de que forzosamente deben obtenerse utilidades extraordinarias, por la sola razón de que en los tres últimos ejercicios fiscales anteriores al en que tenía que pagarse la tasa complementaria, se hubieren alcanzado tales utilidades, sin tomar en cuenta que en el último ejercicio fiscal podían no haberse percibido; o sea, era posible que un contribuyente tuviera una utilidad bruta mayor, en promedio, de la que tuvo en los tres últimos años anteriores al ejercicio fiscal correspondiente y se viera obligado a pagar la tasa complementaria, no obstante que después de hechas las deducciones establecidas en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar la utilidad global gravable, resultara una pérdida de operación, de tal manera que no se causara el impuesto al ingreso global de las empresas y, en cambio, si existiera la obligación de pagar un impuesto sobre una utilidad bruta extraordinaria, meramente estimada, conforme al procedimiento establecido en los preceptos citados, pero que fuera inexistente, lo que resulta contrario a la garantía de legalidad prevista en la fracción IV, del artículo 31 constitucional.

 

Séptima Epoca, Primera Parte:

 

Volúmenes 193-198, página 165. Amparo en revisión 5733/79. Calzado de Juárez, S.A. 12 de febrero de 1985. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Secretario: Arturo Barocio.

 

Volúmenes 199-204, página 122. Amparo en revisión 10320/84. Fincas Comerciales, S.A. 22 de octubre de 1985. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.

 

Volúmenes 199-204, página 122. Amparo en revisión 1534/80. Complementos Hidráulicos y Mecánicos, S.A. (Gerardo Garza Villarreal). 19 de noviembre de 1985. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Oscar Hernández Peraza.

 

Volúmenes 205-216, página 121. Amparo en revisión 9114/84. Industrias Resistol, S.A. 28 de enero de 1986. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Alfredo Villeda.

 

Volúmenes 205-216, página 121. Amparo en revisión 10293/84. Univex, S.A. 28 de octubre de 1986. Unanimidad de quince votos. Ponente: Leopoldino Ortiz Santos. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.

 

(El énfasis es nuestro)

 

 

 

3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

 

 

 

                   La proporcionalidad nada tiene que ver con capacidad económica, nuestro orden jurídico supremo y la interpretación jurisdiccional en torno al artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución en ese sentido, la han dejado claramente conceptualizada como la necesidad de que el ente autoritario al momento de imponer una obligación impositiva al gobernado atienda a la observancia de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendiéndose como tal a la potencialidad real de contribuir al gasto público. Al respecto y de forma meramente ilustrativa se hace necesario citar, entre otros, el siguiente precedente jurisprudencial:

 

 

 

Registro digital: 167415

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P./J. 2/2009       

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1129

Tipo: Jurisprudencia

 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva.

 

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura Angélica Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera.

 

El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 2/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.

 

 

 

                   Es por lo expuesto que resulta inconcuso que en el ejercicio de la facultad presuntiva de la autoridad fiscal por regla general nunca se toma en cuenta a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, al partir de un supuesto normativo del que se infiere la existencia de otra situación jurídica determinada en calidad de consecuencia de la misma, sin justificación y normalmente como consecuencia de un mandato legal. Pongamos un ejemplo, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación vigente permite a la autoridad hacendaria a presumir la ausencia de razón de negocios y por ende efectuar la recaracterización de un acto jurídico para efectos fiscales, sin embargo, ¿es suficiente la omisión de razón de negocios como único elemento que de pauta a atribuir una nueva naturaleza al acto jurídico de que se trata e imponer la correspondiente obligación de pago al sujeto pasivo o es necesario también en observancia de nuestro orden jurídico ponderar la imposición de esa obligación tributaria a la luz de su potencialidad real de contribuir al gasto público?. La respuesta es obvia. Esta facultad presuntiva resulta inconstitucional.

 

 

 

4. PRINCIPIO DE EQUIDAD.

 

 

 

                   Si se utiliza como punto de partida el hecho de que la facultad presuntiva de la autoridad fiscal implica el inferir de un hecho conocido la existencia de otro desconocido, es fácil advertir que se ubica en un plano idéntico a todos los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de presuncion que la ley regule, sin tomar en consideración que las condiciones de los contribuyentes son siempre diferentes y por excepción iguales. Esa generalización que se manifiesta al momento de estimar que todos los contribuyentes son iguales al momento de actualizar la hipótesis de procedencia de la facultad presuntiva de que se trate conculca abiertamente al principio de equidad que se manifiesta en el sentido de que solo se dará un trato idéntico a los gobernados que se encuentren en igualdad de circunstancias frente a la misma norma, siendo válido y necesario establecer una diferenciación entre ellos cuando esa diferenciación descanse en una razón lógica y razonable. Funda esta postura el siguiente criterio jurisdiccional:

 

 

 

Registro digital: 233242

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 55, Primera Parte, página 33

Tipo: Aislada

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DE. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 132 DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1954. Es inconstitucional el artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1o. de enero de 1954, que establece que si en cualquier operación de la que se deriven o puedan derivarse ingresos comprendidos en las fracciones I, VI y VII del artículo 125 no se pacta interés o se estipula que temporal o permanentemente, total o parcialmente no se cause, o se conviene que se cause una tasa inferior al 6%, se estimarán como intereses los que resulten de aplicar al capital la tasa del 6%. Se declara inconstitucional este precepto, porque desconoce las situaciones reales en que no se pacten intereses y arbitrariamente fija la suma de 6% anual bajo la presunción de que todo ingreso debe causar interés, gravando a sujetos que no los perciben, en forma igual a aquéllos que sí los obtienen al haberlos estipulado en sus respectivos contratos con violación del principio de equidad que consagra el artículo 31 constitucional en su fracción IV.

 

Amparo en revisión 518/58. Becton Dickinson de México, S.A. de C.V. (antes Mapad, S.A. de C.V.). 3 de julio de 1973. Unanimidad de quince votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.

 

(El énfasis es nuestro)

 

 

 

5. GARANTIA DE AUDIENCIA.

 

 

 

                   El artículo 14 Constitucional es claro en obligar a las autoridades a cuidar que cualquier procedimiento que se enderece a un gobernado le debe de permitir la oportunidad de contestar a la pretensión de la autoridad, ofrecer y desahogar las pruebas que correspondan y beneficien a sus intereses y alegar, es decir, se encuentran proscritos los procedimientos que se sustancian a espaldas del interesado, en nuestra materia del contribuyente. Dicho esto, resulta evidente que la facultad presuntiva que no permite al gobernado ofrecer pruebas resulta inconstitucional.

 

 

 

                   En esta hipótesis, como es de explorado derecho, las llamadas presunciones iure et de iure que no admiten prueba en contrario son patentemente contrarias a nuestra Constitución. Bajo ningún esquema o lineamiento se puede permitir que solo por mandato legal se generen consecuencias jurídicas con motivo de la aplicación de una facultad presuncional y no se pueda aportar elemento de convicción alguno que desvirtué tal determinación.

 

 

 

                   Esto da lugar a que el particular esté en aptitud de combatir a la presunción que no admite prueba en contrario a través de la instrumentación del juicio constitucional con grandes expectativas de éxito. En este escenario y a fin de ilustrar mi comentario me permito citar un antecedente jurisdiccional emitido en este sentido:

 

 

 

Registro digital: 254822

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Séptima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 74, Sexta Parte, página 51

Tipo: Aislada

 

PRODUCTOS DE CAPITALES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 316 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. El artículo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal (reformado por decreto de 29 de diciembre de 1971), establece, en su antepenúltimo párrafo, que se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe derecho a percibir intereses gravados por el impuesto sobre productos de capitales, no obstante que en los documentos en que se hubieren hechos constar las operaciones relativas no aparezca estipulado ningún interés, o bien cuando aparezca estipulado interés menor del 6% anual, o se estipule que temporal o permanentemente, total o parcialmente, no se causará interés alguno, en cuyos casos se establece la presunción de un interés del 6% anual (excepto algunas operaciones bancarias en que se fija otra tasa). Tal precepto viola los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales. En efecto, al presumir una tasa de interés, a pesar de lo que se establezca en los documentos en que se hubieren hecho constar las operaciones relativas, se niega todo valor probatorio a los contratos y documentos pasados entre las partes, como si pudiera presumirse que están elaborados con dolo o mala fe. Es decir, se crea en realidad una especie de presunción de que se trata de defraudar al fisco, al decir que contra el texto de los contratos, existe la presunción de un interés gravado. Y con ello, se deteriora el valor probatorio de los documentos mismos, con lo que se deja a los afectados en estado de indefensión y se les viola el debido proceso legal, ya que no se acepta el valor probatorio del documento en que consta la operación, a pesar de ser la prueba más directa y evidente de cuáles fueron los derechos y obligaciones pactados por las partes. O sea que se les restringe indebidamente el derecho a probar, obligándolos a buscar pruebas indirectas que, por lo mismo, serán menos convincentes y más difíciles de obtener. Y presumir la mala fe de los causantes resulta claramente contrario al principio constitucional de que para imponer cargas a los particulares, se debe fundar y motivar debidamente el acto de autoridad. A más de que un impuesto así fincado difícilmente puede considerarse equitativo. Para que pueda desvirtuarse el contenido del documento o contrato exhibido como prueba, en que se hizo constar la operación de que se trata, las autoridades deberían demostrar que se trata de un contrato simulado, o celebrado con dolo o mala fe, sin arrojar a los causantes la carga de la prueba de su buena fe, y sin privarlos, además, de la prueba más adecuada para determinar los alcances de sus derechos y obligaciones. Por lo demás, el cobrar el impuesto sobre el interés que no se ha contratado, ni se ha demostrado que se percibe (de lo que la carga corresponde a las autoridades), no puede ser equitativo. Ni es tampoco proporcional el impuesto que se cobra por igual a quien percibe un interés determinado, que a quien no lo percibe o lo percibe en tasa inferior, pues ello equivale a tratar igualmente a causantes que tienen ingresos desiguales. De todo lo que se concluye que resulta inconstitucional el párrafo examinado, del artículo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 431/74. Miriam Schoenfeld Palacci. 18 de febrero de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Mario Pérez de León E.

 

 

 

6. GARANTIA DE DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.

 

 

 

                   El artículo 16 Constitucional no regula casos de excepción cuando la autoridad suscribe una actuación en materia impositiva, estableciendo el imperativo de que la misma debe de encontrarse debidamente fundada y motivada. En materia presuncional, el ejercicio de tal potestad de la autoridad implica que refieran todas las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el acto presuncional de que se trate, lo cual implica que mínimamente debe de enunciar la clase de procedimiento que efectuó, las particularidades de aplicación del mismo y desde luego el fundamento legal que la autoriza a efectuar la labor presuncional que ejerció. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la confección de la siguiente tesis de jurisprudencia:

 

 

 

VIII-J-1aS-93

 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA. PARA QUE SEA LEGAL, LA AUTORIDAD DEBE FUNDAR Y MOTIVAR DEBIDAMENTE, EL TIPO DE DETERMINACIÓN EMPLEADA, EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA ACTUALIZADO Y EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA TAL EFECTO.- Los artículos 55 a 62 del Código Fiscal de la Federación, contemplan distintos tipos de presunciones, entre las cuales se encuentran: la de utilidad fiscal; la de contribuciones retenibles; la de ingresos, valor de actos o actividades por las que se deban pagar contribuciones y; la presunción ante la omisión de registro de adquisiciones en contabilidad; así como diversos supuestos de procedencia para cada una de ellas y distintos procedimientos que debe seguir la autoridad, dependiendo el tipo de presunción que considere aplicable al caso concreto. En ese contexto, para que la liquidación que se sustente en una determinación presuntiva sea legal, la fiscalizadora debe fundar y motivar debidamente dicho acto, especificando el tipo de presunción aplicada, la causal en que se ubicó el contribuyente para que la misma fuera procedente, así como la mecánica conforme a la cual se realizó la determinación; pues la omisión de tales requisitos constituye un vicio que impide que el particular conozca si, efectivamente, se actualizan todos los requisitos para la procedencia de la presunción aplicada, lo que incluso puede impactar directamente en el fondo de la controversia, al no poderse identificar el procedimiento que debió seguir la autoridad para tal efecto; de ahí que para cumplir con el requisito de fundamentación y motivación, la fiscalizadora debe citar los artículos relativos a la determinación presuntiva de que se trate.


(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-2/2020)

R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 45. Abril-Agosto 2020. p. 25

 

(El énfasis es nuestro)

 

 

 

7. CONCLUSIONES.

 

 

 

                   En nuestro sistema jurídico el ejercicio de las facultades presuncionales por parte de la autoridad impositiva, en la mayoría de los casos, se efectua en un entorno de inconstitucionalidad manifiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro digital: 200156

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: P./J. 11/96        

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 5

Tipo: Jurisprudencia

 

ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS, CONCURRENTES A LA OBTENCION DE UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES (CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL. Del contenido de los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución y, específicamente, de los artículos 1o., 6o., 9o. y 10, de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1988) y de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente resulta que para examinar la constitucionalidad de los preceptos de este cuerpo legal es imprescindible considerar que, si bien de la literalidad de su artículo 1o., el objeto de la contribución radica en el "activo" de las empresas, de los demás preceptos que integran el sistema del tributo, se infiere que dicho objeto se encuentra íntimamente vinculado a que dichos activos sean susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades, signo de capacidad contributiva que el legislador necesariamente debe tomar en cuenta como presupuesto esencial de toda contribución y que, además, del fin estrictamente fiscal de recaudar recursos para los servicios públicos que exige la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, persigue la finalidad fiscal de contar con un medio eficaz de control en el pago que por impuesto sobre la renta corresponda a los sujetos pasivos, así como la finalidad extrafiscal de estimular la eficiencia de los mismos en el desarrollo de sus actividades económicas.

 

Amparo en revisión 1558/90. Complementos Alimenticios, S.A. 22 de febrero de 1996. Mayoría de ocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

 

Amparo en revisión 4736/90. Martex, S.A. 22 de febrero de 1996. Mayoría de ocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

 

Amparo en revisión 16/92. Arrendadora Hotelera del Sureste, S.A. de C.V. 22 de febrero de 1996. Mayoría de ocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

 

Amparo en revisión 5815/90. Zahori, S.A. de C.V. 22 de febrero de 1996. Mayoría de ocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

 

Amparo en revisión 749/91. Compañía Harinera de La Laguna, S.A. de C.V. 22 de febrero de 1996. Mayoría de ocho votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 11/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

 

 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

 

 

Artículo 177……….

 

Para los efectos de esta Ley las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determinación de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas en términos del artículo 179 de esta Ley.

 

En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.

 

La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente:

 

a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado.

 

b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación.

 

c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto.

 

Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos presuncionales.

 



[1] Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Postulante, consultor, autor y expositor en materia fiscal, administrativa y constitucional. Autor de varios libros siendo el último Ley de Justicia Administrativa de la CDMX. Interpretación, jurisprudencia y aplicación práctica. Editorial Flores. www.sanchezsoto.com.mx  gsanchezsoto@yahoo.com